Personas dependientes y con pocos recursos
Necesitamos un compromiso solidario para mejorar las condiciones de vida de las personas dependientes y con pocos recursos.
La Ley de dependencia 39/2006, de 14 de diciembre, se crea para dar un conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas dependientes, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados.
El número de personas dependientes y con pocos recursos económicos, y que requieren ayuda para realizar las actividades más básicas de su vida diaria, es cada vez mayor.
Casi 2 millones de personas solicitan la prestación
En España existen 1,9 millones de personas dependientes que solicitan la prestación de dependencia de las cuáles sólo la consigue un 59% (1.115.183 personas). De esta cantidad, el 30% recibe ayuda económica y el 70% recibe la prestación en forma de servicio. El 65% de las peticiones corresponde a mujeres, en un 73% con edades superiores a 65 años.
La persona dependiente lo es bien por sufrir una enfermedad o suceso incapacitante, o por llegar a la vejez. Si una persona ya tiene reconocida la situación de gran invalidez por incapacidad permanente ya se considera en situación de dependencia.
Tres grados de dependencia
La Ley contempla tres grados de dependencia:
1. Moderada: se necesita ayuda para realizar actividades de la vida diaria al menos una vez al día.
2. Severa: la persona necesita ayuda para realizar actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador.
3. Gran dependencia: la persona necesita apoyo para realizar actividades de la vida diaria varias veces al día y tiene necesidades de apoyo continuas.
Teóricamente, hay tres condiciones básicas para poder beneficiarse de las ayudas contempladas en la ley: tener nacionalidad española; residir en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deben de ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud; y ser declarado dependiente por el órgano evaluador de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Cabe destacar también las denuncias llevadas a cabo por familiares de personas dependientes, las cuales revelan trabas encubiertas en el proceso de aplicación de la ley de dependencia; entre otras, la dificultad de concesión de ayudas en lo que se refiere a nuevos solicitantes. A día de hoy, unas 269.854 personas tienen derecho a estas ayudas pero no las reciben, bien por retrasos en los dictámenes de las resoluciones o por circunstancias de cada Comunidad Autónoma. El 4,03% de la población presenta peticiones de dependencia.
Iniciativas privadas
Hay iniciativas de asociaciones de empresas privadas que son un buen ejemplo de ayuda a este colectivo y que han puesto en marcha campañas de colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. Así, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) mantiene programas de distribución farmacéutica con el objetivo de mejorar la calidad de vida de un colectivo muy vulnerable.
Estas acciones, establecidas en el marco del convenio de colaboración solidaria son una referencia para asociaciones del sector de Seguros, como UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro), representante de los intereses de las entidades aseguradoras o ADECOSE (Asociación Independiente de Corredurías de Seguros) e interlocutor cualificado ante la Administración y el mercado asegurador.
Sector socialmente más responsable
La situación sanitaria actual no sólo exige a este sector promover seguros asociados a la Dependencia con grandes ventajas comerciales y fiscales que complementen la cobertura pública. También exige hacer una reflexión más profunda y ser parte activa en aminorar el impacto económico de un colectivo de dependientes cada vez mayor y que en muchas ocasiones presenta recursos limitados.
Nos vanagloriamos por ser un sector que soporta bien las crisis, ¡cierto!, así lo demuestran los datos económicos en momentos críticos anteriores. Sin embargo el lastre de ser un sector «de letra pequeña» todavía lo tenemos que soportar. El sector está cambiando, se ha profesionalizado, es más exigente y tecnológico; pero todavía nos debemos exigir un mayor grado de transparencia.
Este tipo de acciones sobre colectivos más vulnerables, podría contribuir a ir creando una imagen a medio-largo plazo de un sector socialmente más responsable que no le preocupa sólo los beneficios económicos; sino que también estaría dispuesto a intentar construir una sociedad más igualitaria y justa.